ESTUDIANTES Y MUNDO POLÍTICO DEBATEN EN JORNADAS DE FUNDACIÓN NODO XXI

Dirigentes estudiantiles promueven debate
entre actores sociales y políticos

Con el acento en cómo llevar a cabo las reformas que necesita el sector educación, se desarrolló la segunda jornada de seminarios organizada por la Fundación NODO XXI, entidad creada por actuales y ex dirigentes estudiantiles de la Universidad de Chile.

Pasar de un Estado subsidiario a uno proveedor y garante en educación y avanzar en la conformación de un referente social que incorpore nuevos actores como el mundo sindical, fueron las principales conclusiones del seminario “Actores sociales y políticos: ¿Cómo hacer realidad una nueva reforma educativa?”, el segundo del ciclo organizado por la fundación NODO XXI.

Esta organización la conforman actuales y ex dirigentes de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECH) y tiene entre sus objetivos generar un debate entre actores sociales y políticos sobre los cambios necesarios en el ámbito educacional.

En esta ocasión expusieron el actual presidente de la FECH, Gabriel Boric, el senador del Partido Socialista, Juan Pablo Letelier, el Rector de la Universidad de Valparaíso y presidente del Consorcio de Universidades del Estado  (CUECH) Aldo Valle, el presidente de la FEUC, Noam Titelman y la presidenta de la Federación de estudiantes de la Universidad Central, Daniela López.

Durante la discusión, se tocaron diversos temas como el rol de los rectores en el movimiento estudiantil y el papel que ha jugado la clase política en el debate por reformar la educación.

Para el presidente de la FECH, Gabriel Boric, los resultados de las últimas encuestas reflejan que es necesario cambiar el paradigma de la forma en que se ejerce el poder en el país.

“Lo que dicen las encuestas hoy ya no se puede cambiar con una política más o una política menos. Es una opinión ya formada respecto del gobierno, las instituciones y la clase política en general. Hoy se necesita un cambio, pero no de un político por otro, sino que de paradigma respecto del carácter del Estado y de quienes están ejerciendo el poder en Chile que hoy es una pequeña elite. Lo que se está reclamando es que seamos todos los que nos empoderemos y nos hagamos cargo de construir el país que durante mucho tiempo se forjó entre muy pocos”, sostuvo el dirigente estudiantil.

En tanto, el presidente del CUECH, Aldo Valle, cree necesario que exista una relación mas estrecha entre los estudiantes y las comunidades universitarias.

“Creo que en esta nueva etapa va a haber una relación más fructífera y de apertura de ambas partes porque es evidente que nos necesitamos”, dijo Valle.

Por su parte, el Senador socialista Juan Pablo Letelier emplazó al mundo sindical a reorganizarse y sumarse a los nuevos movimientos sociales.

“Ha sido fabuloso tener un movimiento estudiantil que ha sido capaz de establecer en este nuevo ciclo político que comienza, elementos de las crisis del modelo societal en que vivimos, pero se necesita apuntalar a otros actores. El mundo del trabajo es básico. Sin entrar en esa discusión, el eje de la desigualdad que cruza la sociedad nunca se va a poder abordar adecuadamente. El movimiento sindical tiene la tarea de reflexionar, tal como en el otro plano lo tenemos que hacer los políticos”, comentó el parlamentario.

El ciclo de seminarios culminará este jueves 30 de mayo con el foro “Chile después de 2011: ¿Qué hacer?”, donde se debatirán las oportunidades del movimiento social hacia la próxima década.

En la oportunidad, expondrán el ex candidato presidencial, Jorge Arrate, la presidenta del PPD, Carolina Tohá, el senador de la misma colectividad Guido Girardi, la vicepresidenta de la FECH Camila Vallejo y el presidente de la Fundación NODO XXI, Carlos Ruiz. (Radio Universidad de Chile)

AÚN NO HAY FECHA DE CIERRE DE PLANTA DE COLHUE EN PELEQUEN

Juan Prieto Seremi de Medioambiente, expresa que
no ha recibido plan de cierre

"Aquí hubo disparidad total respecto a la información que entregó la autoridad medioambiental, que se ajusta a lo opinado por los dirigentes, por los vecinos y por el alcalde, pero es dispar de lo señalado por la empresa, y ello es necesario aclararlo", manifestó la senadora Soledad Alvear. 

Los malos olores y la proliferación de moscas todavía afectan a los vecinos de Pelequén, pese a que el 13 de abril la Comisión Evaluadora Medioambiental determinó que la empresa no podría operar durante 90 días mientras se decidiera el proceso sancionatorio iniciado en su contra por la entidad.

Ante tal situación, la Comisión de Medioambiente del Senado, que preside Soledad Alvear, invitó a las autoridades a analizar esta problemática. “La comisión del Senado seguirá analizando este tema para ayudar a solucionar un problema latente, que el propio empresario reconoció”, dijo la senadora.

El seremi de medioambiente, Juan Prieto, destacó que “hasta la fecha no hemos recibido un plan de cierre de Colhue, salvo un documento de 10 páginas donde dan a conocer sus intenciones de generar un plan de cierre para Colhue, pero no el proceso ni los métodos a aplicar para dicho plan”.

Germán Pardo, gerente de Colhue, destacó que el proyecto que incluiría un parque natural y forestación. Agregó que esto tiene por objetivo “no dañar la salud y la seguridad de las personas, producir un mínimo o nulo impacto ambiental, que no constituya un deterioro del entorno y que cumpla con todas las normas y leyes que implican esta materia”.

Edesio Carrasco, director regional del Servicio de Evaluación Ambiental, al referirse al plan de cierre, dijo que “el día 23 de abril se recibió un documento de parte de la empresa que no constituye un plan de cierre, sino un escrito con algunas descripciones genéricas respecto a un futuro plan a desarrollar”.

En esos términos, manifestó que de la descripción del documento se desprende claramente que “se trata de una reparación o recuperación de un terreno que contiene contaminantes, por lo que un plan de cierre como el descrito, al no haber sido evaluado en la resolución de calificación ambiental que autorizó el proyecto, debe ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, tal como le fue respondido a su representante con fecha 4 de mayo, el que a la fecha no ha sido presentado”.

Vecinos denuncian que siguen malos olores.

A casi un mes de las movilizaciones que terminaron en el posterior cierre de la planta de desechos de Colhue, los vecinos de Pelequén denunciaron que todavía sufren por los malos olores y moscas en el la localidad de la Región de O'Higgins.

Adelina Sánchez, una de las vecinas del sector acusó que "los malos olores permanecen. El otro día con un poblador estuvimos con mucho dolor de cabeza y vómitos, porque se siente un olor insoportable. Me cuesta mucho creer que esto haya terminado".

Por su parte, Marcelo Bravo, otro de los dirigentes de Pelequén, recalcó que, si bien la situación es menos grave que antes, el problema será difícil de solucionar.

"Pasaremos por harto tiempo por este mal momento. Los análisis que se han hecho conllevan un proceso, porque no es llegar y tapar la planta", comentó. (El Tipografo/La Segunda)

SENADO APROBÓ LEY ANTI DISCRIMINACIÓN

Senado aprobó Ley Anti discriminación

En su último trámite, la Cámara Alta aprobó el informe de la Comisión Mixta que resolvió las discrepancias surgidas entre ambas Cámaras sobre el proyecto que establece medidas contra la discriminación. Tras una década de lucha y siete años de tramitación parlamentaria la norma que Establece Medidas contra la Discriminación fue aprobada en el Congreso Nacional.

La lucha iniciada hace una década por  una ley contra la discriminación, hoy rindió históricos frutos al ser aprobada por el Senado, tras pasar por un proceso similar ayer en la Cámara de Diputados, recibiendo en ambas ocasiones un respaldo transversal y mayoritario que la transforma en norma de la República.

Esta jornada la Ley Anti-discriminación , fue aprobada en el Senado por 25 votos a favor, tres en contra y tres abstenciones.  Votaron en contra los RN senadores Carlos Kuschel, Carlos Larraín y José García Ruminot, mientras que los UDI Juan Antonio Coloma,  Jaime Orpis y  Ena Von Baer se abstuvieron.

En tanto ayer la iniciativa fue aprobada  en la Cámara de diputados por 90 votos y 16 en contra de los UDI Enrique Estay, María Angélica Cristi, María José Hoffmann Arturo Squella, Gonzalo Arenas, Nino Baltolu, Javier Hernández, José Antonio Kast, Felipe Ward, Pedro Álvarez- Salamanca, Iván Norambuena y Gastón von Mühlenbrocok , más  el DC Jorge Sabag, el PRI Pedro Araya y los independientes Miodrag Marinovic y Marta Isasi.  Por su parte los UDI Gustavo Hasbún y Ernesto Silva y el RN Leopoldo Pérez se abstuvieron.

La Ley debió ser votada por la Cámara y el Senado luego de que el pasado 4 de mayo la Comisión Mixta la aprobara con mejorías propuestas por una decena de organizaciones sociales que fueron apoyadas por la Oposición y el Gobierno.

Dichos cambios fueron propuestos desde enero anterior a las autoridades por una coalición de organizaciones integrada por Amnistía Internacional, la Agrupación de Inmigrantes por la Integración Latinoamericana (Apila), la Agrupación de Familiares de Pacientes Psiquiátricos (Afaps), Católicas por el Derechos a Decidir, Genera Ideas y Acciones Colectivas, Portal judío Anajnu, Círculo de Políticas Participativas, Fundación Ideas, Mapuche Times, la Asociación Chilena de Ong´s, que agrupa a 80 fundaciones, corporaciones, movimientos y colectivos sociales, y Movilh.

La ley antidiscriminación fue creada por el Gobierno de Ricardo Lagos en el 2005 con la co-ejecución de Afaps, Apila y el Movilh, mientras que  desde el 2010 OTD, Mums y Acción Gay efectuaron variadas incidencias, que a partir de septiembre del 2011 fueron en alianza con la Fundación =Iguales.

Durante el debate en el Senado intervinieron los senadores Fulvio Rossi, Hernán Larraín, Soledad Alvear, Jaime Orpis, Alberto Espina, Jaime Quintana, Eugenio Tuma, Ximena Rincón, Francisco Chahuán, Patricio Walker, Lily Pérez, José Antonio Gómez, Juan Pablo Letelier, Andrés Zaldívar, Alejandro Navarro, Ricardo Lagos Weber, Carlos BIanchi, Jorge Pizarro y Mariano Ruiz- Esquide, además del ministro secretario general de Gobierno, Andrés Chadwick.

TERMINAR CON IMPUESTO ESPECÍFICO A LOS COMBUSTIBLES

Senador Letelier con dirigentes de colectiveros
de San Fernando

Senador Juan Pablo Letelier en reunión con colectiveros de San Fernando. “Hay que terminar con el impuesto específico a los combustibles”

Un importante encuentro sostuvo el senador Juan Pablo Letelier, con dirigentes de líneas de taxis colectivos urbanos y rurales de San Fernando, quienes le dieron a conocer al parlamentario y al concejal Mario González, la visión del gremio respecto a la propuesta del Presidente de la República en cuanto a la reforma tributaria y lo concerniente al impuesto específico a los combustibles.

En la ocasión el parlamentario socialista, valoró la reunión sostenida y manifestó que “Ellos nos han planteado dos inquietudes, una el ser de los pocos empresarios que no logran una igualdad en el trato tributario respecto a uno de sus insumos que es el combustibles. A los camioneros se les reintegra el 80% del pago de impuestos, algo que no pasa con los colectiveros que transportan y dan servicio diario movilizando a decenas de personas; creo que es una demanda muy legítima. Yo soy partidario de que se reduzca el impuesto específico en general, para todos los ciudadanos; pero en el caso de ellos si se mantiene en algo el impuesto, deben tener derecho a reintegrarlos. No es justo por ejemplo que Codelco o las grandes empresas mineras, no paguen la mayor parte del impuesto específico y sí lo hagan los colectiveros, ahí hay una tremenda inequidad tributaria”.

Además el senador se refirió a la inyección de recursos que se pretende solicitar para el Transantiago, a lo cual manifestó que “Personalmente he asumido el compromiso de no respaldar ninguna ley que entregue recursos en Santiago en materia de transporte público, si no existen compensaciones a los operadores en nuestra regiones”.

LA POSICIÓN DE LOS COLECTIVEROS

Por su parte los colectiveros, en voz de uno de sus dirigentes, Marco Medinas González, presidente de la línea 103, señalaron que “No estamos contentos con la reforma tributaria que está planteando el Presidente de la República, además queremos la eliminación total y no solo para el gremio de los taxis colectivos, sino para todos del impuesto específicos a los combustibles. Creemos que ya pasó el tiempo en que el Estado reunía dinero para el arreglo de las carreteras, hoy ellas están todas concesionadas, por lo que consideramos injusto lo que hoy se hace respecto a dicho impuesto”.

EL ALTO PRECIO DE LAS GASOLINAS

Otro punto que estuvo presente en la conversación, fue lo referido al alto costo de los combustibles en la Región de O’Higgins y en San Fernando, señalando los transportistas que “Lo que pasa acá es aberrante y sorprendente; a pesar que en la misma ciudad existe refinería de combustible, es algo que no se entiende”. Por su parte Juan Pablo Letelier, volvió a señalar que “En la región hay una distorsión en los precios, es absurdo que hayan instalaciones de Enap y que los costos no lo reflejan. Yo soy partidario de que el Gobierno cambie el criterio de cómo fija los precios, debería haber un precio único para los combustibles, tal como lo es para el tabaco, creo que sería lo más adecuados para evitar estas distorsiones y que en el fondo esconde la colusión de los distribuidores”, sentenció el senador.

Ante esto el concejal sanfernandino Mario González, indicó que “Hay que precisar que San Fernando es una de las ciudades con las bencinas más caras del país, y lo que aquí hay es una colusión tremenda de las cuatro empresas distribuidoras de combustibles. Ésta es la oportunidad para transparentar además, por qué San Fernando, que es una ciudad donde se refina el petróleo, aún así el precio de la bencina es tan alto. No descartamos movilizaciones ciudadanas respecto al valor de las gasolinas”.

Por otra parte el concejal González, señaló que “Se continuará en conversaciones con el gremio de los colectiveros, ya que hay que ver el tema de circulación y viabilidad de calles en la ciudad, ya que se da la paradoja que los taxis colectivos hasta un tramo cobran un precio y luego otro, porque dicen que no hay vías de circulación expeditas hacia algunas zonas de la comuna”.

SENADOR LETELIER DENUNCIA ILEGALIDAD DE PLANTA DE RESIDUOS DE QUICHARCO

Senador Letelier denuncia ilegalidad de
Planta de Residuos en Quichraco

Senador Letelier denunció ilegalidad de planta de residuos en Quicharco y exigió su clausura. Además sostiene que autoridades medioambientales no han hecho bien su trabajo de fiscalización.

A raíz de un segundo informe de fiscalización hecho por el Departamento de Acción Sanitaria de la Seremi de Salud O’Higgins, el senador Juan Pablo Letelier indicó que “No basta con el proceso sancionatorio pedido, lo que hay que hacer, debido a la gravedad de lo que ahí ocurre, es revocar la Resolución de Calificación Ambiental (RCA). Porque aquí no hay una irregularidad, sino que existe una ilegalidad abierta”.

En conferencia de prensa realizada en la oficina parlamentaria de San Fernando, el senador Juan Pablo Letelier, recalcó que “Razón tenía la denuncia que hiciéramos en el mes de marzo contra la empresa Agroorgánicos Mostazal Ltda., la cual estaría funcionando de manera irregular la planta de residuos agroindustriales ubicada en la localidad de Quicharco comuna de Chimbarongo y que contaba con Resolución de Calificación ambiental (RCA) como planta de compostaje”.

Letelier señaló que lo que hay que hacer a la luz de la gravedad que ahí ocurre, es revocar la RCA, porque aquí no hay una irregularidad, sino que una ilegalidad abierta, porque ellos no están autorizados, por ejemplo, para recibir lodos en sus planta de tratamientos”. Además el parlamentario indicó que las autoridades del Estado deben identificar y sancionar a la empresa de transporte que estaba llevando al lugar materiales que no pueden ser depositados en ese lugar. Las empresas que trasladan saben que deben dejarlos en lugares habilitados, son cómplices de un depósito ilegal. Pero además hay empresas que son las que envían los lodos a Quicharco, y que saben que no pueden hacerlo, por ello hay que descubrir cuáles son”.

Exigimos que las autoridades de salud y medioambiente tomen esto en serio, que se constituyan y clausuren de inmediato dicho reciento; en segundo término que inicien las accione legales contra la empresa de transporte que sea debidamente identificada para ello, así como las empresas que están enviando lodos que no están autorizados. De no hacerlo, con abogados estamos estudiando la conformación de un delito ambiental con complicidad de agentes del Estado, porque sentimos que la gravedad del hecho es que que los agentes del Estado están dejando hacer algo que saben que es ilegal y no lo están parando”.

Agregó el senador socialista, que respecto a Agroorgánicos Mostazal Ltda., empresa que tan pronto se hiciera la primera denuncia se defendió por la prensa indicando que las aseveraciones del senador eran falsas, justificando su actuar señalando que lo hacían bajo estricto apego a la normativa ambiental y sectorial vigente. Juan Pablo Letelier manifestó que “Estudiaré con mis abogados el presentar una acción legal, por injurias y calumnias contra la empresa”.

INFORME DE LA SEREMI DE SALUD

Tras la denuncia realizada, el Departamento de Acción Sanitaria de la Seremi de Salud O’Higgins fiscalizó dicho depósito en Quicharco, entregando posteriormente el informe 816 dirigido al Seremi del Medio Ambiente, en el que señala que en el depósito de Quicharco se reciben residuos, pero no se hace tratamiento alguno sobre ellos, ni menos mitigación para su compostaje; se generan focos de insalubridad, de malos olores y de atracción de vectores, encontrándose larvas y pupas de moscas. Además no existe ordenamiento lógico de los sectores de acopio. De ellos emergen líquidos lixiviados (líquido contaminante, de olor muy penetrante, que se genera por la descomposición o putrefacción de la materia orgánica), y que escurren al suelo sin control alguno, incluso llegando ininterrumpidamente hasta una quebrada existente a pocos metros del lugar.

También se indica que en el lugar existe una especie de laguna superficial, rodeada de residuos orgánicos, donde se encuentran líquidos industriales y  lodos de plantas de tratamientos de aguas servidas, los cuales no están sometidos a tratamiento alguno, con presencia de larvas y pupas de moscas en ellos. Todo esto contraviniendo las Resoluciones de Calificación Ambientales por las cuales se autorizó en el año 2002 la Planta de Compostaje.

“DAMOS COMO PLAZO UN MES”

Ante todo lo presentado, el senador Letelier insistió en que estamos frente a una empresa que está haciendo algo ilegal a lo cual no está autorizado y la autoridad se está transformando en cómplice; se hablaron de faltas puntuales, y nosotros queremos que el Seremi del Medio Ambiente, porque le daremos un plazo de un mes, para ver cómo actúa ante esto y para que se desdiga frente a lo que es un hecho, que no son faltas puntuales. Aquí lo que hay es algo ilegal y si él no rectifica, evidentemente lo único que nos cabe y a lo cual yo estoy obligado por ley, es a actuar contra el Seremi por estar cayendo en el abandono de sus funciones”.

Finalmente y sobre cuál es el estado de los vecinos afectados por el uso ilegal del depósito en Chimbarongo, el congresista manifestó “Los vecinos tienen por primera vez una luz de esperanza después de tanto abuso; con ellos vamos a evaluar esta semana cuáles serán las acciones que vamos a impulsar, para ello tendrá mucho que ver lo que vaya a hacer la autoridad. Por eso estamos pidiendo a la autoridad que se clausure de inmediato la planta y que revoquen la RCA, porque ahí hay una situación de ilegalidad. Si no se actúa en un tiempo prudente, vamos nosotros a ir ante los tribunales de justicia y presentaremos las denuncias de este delito ambiental en curso”, sentenció Juan Pablo Letelier.

COMISIÓN DE DDHH DEL SENADO: IMPLEMENTAR MECANISMO DE CONSULTA A PUEBLOS INDÍGENAS

Aplicación del Convenio 169 de
 la OIT

El presidente de la Comisión de Derechos Humanos, senador Juan Pablo Letelier, comentó que la instancia acelerará la ejecución de dicha instancia con el fin que resuelva prontamente los mecanismos de consulta a los pueblos originarios en materias legislativas.

Avanzar rápidamente en la instauración de la Comisión Bicameral, integrada por parlamentarios de ambas Cámaras, con el fin  de resolver cómo se llevarán adelante los procesos de consulta a los pueblos indígenas, es una de las principales preocupaciones de la Comisión de Derechos Humanos.

Cabe señalar, que Chile ratificó el Convenio 169 de la OIT durante el 2009, donde nuestro país se comprometió que implementaría un mecanismo de consulta para los pueblos originarios.

Así lo informó el presidente de la instancia, senador Juan Pablo Letelier, quien señaló que, a pesar de la ausencia del ministro de Desarrollo Social, Joaquín Lavín, a la sesión; espera que la próxima semana contarán con su asistencia con el fin de conocer cuál será la posición del Ejecutivo sobre este tema.

Al respecto, el senador Letelier indicó que "nosotros vamos a avanzar en la constitución de la Bicameral para acelerar lo que es la responsabilidad del Congreso. La idea es que esta instancia discuta y resuelva para ver el qué, cómo y cuándo, se hace el proceso de consulta en materia legislativa; necesitamos resolver cuál será el procedimiento que deberá ser consultado cuando el Ejecutivo no lo ha hecho y quién lo hará".

El parlamentario añadió que "no somos el único país que está batallando por esto, tenemos la confianza que lo haremos y ése es el compromiso de la Comisión de Derechos Humanos".

Asimismo, agregó que la instancia también abordó "un debate pendiente relacionado con la política de infancia. Estamos alarmados y muy preocupados con lo que está pasando con los hogares de niños y los lugares en que son derivados; de los cuales éstos son beneficiarios de recursos públicos, a través del Sename".

Subrayó que "nos reuniremos prontamente con el integrante de la Corte Suprema, encargado de seguir estos temas, para analizar esta situación en profundidad".

El legislador explicó que la instancia determinó que el senador Mariano Ruiz-Esquide, será el encargado de informar detalladamente a la Sala, el informe sobre la situación carcelaria de nuestro país. Dicha actividad, se realizaría durante el mes de mayo.

Precisó que "si la Sala lo aprueba, derivaremos el resultado del informe a las agrupaciones vinculadas a Gendarmería, porque nos interesa conocer su opinión al respecto".

Por su parte, el integrante de la Comisión de Derechos Humanos, senador Mariano Ruiz-Esquide, quien recibió un reconocimiento por su labor efectuada cuando fue titular de la instancia, sostuvo que "pediremos que el informe de investigación sobre el sistema carcelario, que se dará a conocer a la Sala se transforme en un proyecto de acuerdo, con el fin de enviarlo posteriormente a las entidades correspondientes".

En relación al Convenio 169 de la OIT del cual nuestro país está suscrito, el parlamentario dijo que "lo que me preocupa es que estamos atrasados, sabemos que el ministro Joaquín Lavín tuvo sus razones para no asistir a la Comisión. Pero queremos dejar claro que la instancia está haciendo todo lo necesario para resolver este tema, sobre todo, por la urgencia existe y porque afecta a un grupo importante de nuestra sociedad que son los pueblos originarios".

ESPERANZAS

En tanto, Juan Valeria Quilapán y Sandra Huentemilla, coordinadores del Encuentro de Autoridades Tradicionales y Dirigentes de los Pueblos Indígenas, quienes dieron a conocer sus planteamientos a la Comisión de Derechos Humanos, aseguraron estar "esperanzados" con la pronta constitución de la Comisión Bicameral, que establece el derecho a la consulta.

La dirigenta Huentemilla puntualizó que "actualmente, existen muchos proyectos de ley que están siendo debatidos en el Congreso y que no han sido consultados a los pueblos indígenas. Esa situación, coloca a todos los entes del Estado en una grave vulneración a los derechos de dichos pueblos".

Agregó que "el Convenio 169 se ratificó en el 2009 y a la fecha, no ha habido gran avance sobre eso. Por ejemplo, la iniciativa sobre antidiscriminación nos afecta directamente y no ha sido consultado nuestros pueblos al respecto y eso es una situación grave, porque no se está respetando nuestros derechos".

SANCIONARAN A PLANTA DE RESIDUOS AGROINDUSTRIALES EN QUICHARCO

Planta de residuos agroindustriales
en Quicharco

Tras denuncia de Senador Letelier se descubrieron numerosas faltas a normas medio ambientales, sancionarán a planta de residuos agroindistriales en Quicharco. Informe emanado por el Departamento de Acción Sanitaria de la Seremi de Salud de O’Higgins, pide a Medio Ambiente iniciar proceso sancionatorio contra empresa Agroorgánicos Mostazal Ltda. Vectores, larvas, pupas de moscas, malos olores, insalubridad, son algunas de los motivos de la medida.

Razón tenía la denuncia hecha en el mes de marzo, por parte del senador Juan Pablo Letelier, la que señalaba que el depósito de residuos agroindustriales ubicado en la localidad de Quicharco comuna de Chimbarongo, se encontraría  funcionando de manera irregular. Y así quedó demostrado luego del informe emanado por el Departamento de Acción Sanitaria de la Seremía de Salud de la Región de O’Higgins, el cual y tras una rigurosa fiscalización, ha indicado expresamente al Comité Operativo de Fiscalización (COF) y al Seremi del Medio Ambiente, dar inicio a un proceso sancionatorio contra la empresa Agroorgánicos Mostazal Ltda., que es la que opera dicho depósito, en virtud de la ley 19.300 y 20.473 (Ley de Medio Ambiente y Ley que otorga facultades fiscalizadoras y sancionatorias, respectivamente).

Es así como el parlamentario valoró el haber presentado la denuncia y haber hecho un llamado a las autoridades de Salud y del Medio Ambiente regionales, para que conocieran de la situación que se estaba viviendo en Chimbarongo. Al respecto Juan Pablo Letelier señaló que “lo que estamos conociendo de lo que pasa en Quicharco, es peor a lo vivido con la planta de Colhue en Pelequén; aquí hay una empresa que no ha respetado ninguna norma y peor aún, utiliza un permiso entregado para planta de compostaje, como un verdadero vertedero de residuos agroindustriales sin ningún plan de mitigación medioambiental, ni a pego a las normas”.

Además el senador señaló, que “Tan pronto como hicimos la denuncia, la empresa Agroorgánicos Mostazal salió a defenderse, indicando que nuestras aseveraciones eran falsas y que lo que ellos hacían, el tratamiento y disposición de material orgánico que producían sus clientes, lo hacían bajo estricto apego a la normativa ambiental y sectorial vigente. Algo que a la luz del informe del Seremi de Salud, es absolutamente falso”.

Letelier hace nueva
denuncia ambiental

“Lo que aquí hemos descubierto, agregó el parlamentario, es gravísimo, este informe señala por ejemplo que en el depósito de Quicharco se reciben residuos, pero no se hace tratamiento alguno sobre ellos, ni menos mitigación para su compostaje; se generan focos de insalubridad, de malos olores y de atracción de vectores, encontrándose larvas y pupas de moscas. Además no existe ordenamiento lógico de los sectores de acopio. De ellos emergen líquidos lixiviados (líquido contaminante, de olor muy penetrante, que se genera por la descomposición o putrefacción de la materia orgánica), y que escurren al suelo sin control alguno, incluso llegando ininterrumpidamente hasta una quebrada existente a pocos metros del lugar”.

“También existe una laguna superficial, rodeada de residuos orgánicos, donde se encuentran líquidos industriales y  lodos de plantas de tratamientos de aguas servidas, los cuales no están sometidos a tratamiento alguno, con presencia de larvas y pupas de moscas en ellos. Todo esto contraviniendo las Resoluciones de Calificación Ambientales por las cuales se autorizó en el año 2002 la Planta de Compostaje”, señaló Letelier.

“A demás de lo anterior, la fiscalización también ha dejado al descubierto que respecto a la zona de tránsito de los camiones al interior del terreno, los caminos deberían encontrarse ripiados y compactados, pero nada de eso se cumple, y solo existe tierra suelta, la que genera gran cantidad de polvo en suspensión. También el documento señala que si bien en los inicios de las actividades de la planta, existían servicio higiénicos para los trabajadores, éstos actualmente no están operativos, siendo utilizados actualmente como bodegas, por consiguiente los operarios de la planta no tienen un lugar para sus necesidades básicas”, sentenció el senador.

Finalmente el informe repara en que la Planta de Compostaje Agroorgánicos Mostazal Ltda., no cuenta con cierres perimetrales continuos en su extensión, incluso existe una zona de aproximadamente 70 metros en que no hay cierre alguno.

Ante todo esto el Departamento de Acción Sanitaria de la Seremía de Salud ha solicitado al Comité Operativo de Fiscalización (COF) y al Seremi del Medio Ambiente, dar inicio a un proceso sancionatorio contra la empresa, en virtud de no cumplir con las normas establecidas en las RCA y contravenir la ley 19.300 de Medio Ambiente.

Es por todo esto que el senador socialista Juan Pablo Letelier, llamó a las autoridades a “Hacer cumplir la ley y sancionar a la empresa y si es posible cerrar esta planta, ya que a todas luces Agroorgánicos ha hecho lo que ha querido; y donde además no ha habido fiscalización alguna de la autoridad competente. Aquí no hay faltas puntuales, como lo señaló en su oportunidad el Seremi del Medio Ambiente, aquí hay nulo apego a las normas y hay una falta absoluta de conciencia a favor de los habitantes de Quicharco y sus alrededores, quienes han debido sufrir el abuso de parte de una empresa. Esto es inaceptable, acá se está viviendo algo peor a lo de Colhue en Pelequén y se debe actuar rápido”./

POR UNA NUEVA CONSTITUCIÓN

Hemos entrado de lleno en la segunda década del siglo XXI, y a 21 años del retorno a la Democracia, es necesario  proponernos nuevas metas.

En los 20 años de gobierno de la Concertación Democrática se logró una transición exitosa, se realizaron avances fundamentales en lo político, económico y social. Sin embargo, quedaron déficits importantes en materias relevantes como la participación ciudadana y las reformas políticas, especialmente del sistema binominal. Así mismo no fuimos capaces de exterminar la concentración de la riqueza, que ha gatillado que Chile sea uno de los países con mayor desigualdad en la Región.  

Desde la última elección, el gobierno de la derecha ha profundizado esas insuficiencias, es así como tenemos mayor concentración de la riqueza, un estancamiento de las reformas democráticas, una significativa  insensibilidad frente a las demandas sociales,  y una tendencia privatizadora y a mercantilizar todos los temas.  

Pero los tiempos políticos corren rápido y  en 19 meses más volveremos a elegir a un nuevo gobierno y un nuevo Parlamento. Esta puede ser una elección más, o puede ser un momento de desafíos que gatille cambios profundos, donde los ciudadanos decidan si efectivamente quieren transformaciones de verdad.

Por todo esto, es necesario romper las amarras que nos impiden avanzar y ese perfeccionamiento se debe plasmar entre otras reformas urgentes, en una Nueva Constitución.

Nueva Constitución que consagre los derechos del pueblo a una vida segura, con educación gratuita y de calidad, con salud pública eficiente, oportuna y suficiente, con trabajo y salarios decentes, con viviendas dignas y accesibles para todos, con una seguridad social adecuada, con alimentación sana y garantizada soberanamente, libre de transgénicos y venenos agroindustriales, con oportunidades de perfeccionamiento técnico, científico, artístico, cultural y deportivo accesible a todos.

Una Constitución que consagre los derechos de la naturaleza a ser protegida, cuidada y conservada porque esta es nuestra casa común y la única que tenemos y debemos preservarla sana y limpia para las generaciones que vendrán.

Una Constitución que consagre los derechos a la diversidad, a la libertad de expresión más amplia, que promueva la cimentación de una sociedad incluyente, en que no quepa la discriminación ni las manifestaciones de odio ni intolerancia.

Una Constitución que otorgue a cada ciudadano la certeza de su representación, donde todos podamos impulsar leyes a través de la iniciativa popular, que sea el plebiscito la forma de resolver las demandas que afectan los derechos de la gente cuando las instituciones se inmovilizan, que las personas puedan fiscalizar a sus representantes y también les puedan revocar sus mandatos cuando éstos les defrauden.

Que las promesas de las campañas electorales sean exigibles y demandables, que todas las funciones del Estado a todos los niveles sean de elección popular, incluyendo los jueces, los magistrados, los gobiernos provinciales e  intendentes.

Que cualquier ciudadano pueda ser candidato, que las campañas electorales sean igualitarias para todos, que las regiones,  provincias y comunas tengan acceso proporcional a los recursos del Estado, en forma descentralizada y con autonomía del poder central.

Una Constitución que restablezca el domino soberano sobre nuestras riquezas, el cobre, el litio, el mar y las aguas, que deben ser propiedad de todos los chilenos, que se asegure que esas riquezas se destinen a garantizar el desarrollo y el bienestar de todos y no a convertirse en acumulación de mayores fortunas de unos pocos.

Una Constitución que reparta la carga tributaria con justicia y equidad, forzando a pagar más a los que tienen más y liberando de la carga a los que tienen menos.

En síntesis, es la hora de traspasar el poder a los ciudadanos para empujar las grandes transformaciones, terminando de una vez por todas con los resabios de la dictadura que nos obligó a regirnos por las actuales reglas políticas, hechas a la medida de la Derecha para que nada cambie en este país.

Por eso, uno de los grandes desafíos es justamente promover una Nueva Constitución Política, que sea capaz de plasmar en un texto fundamental  los valores y principios que nos entreguen más democracia, más libertad, más justicia y sobre todo más igualdad.

Juan Pablo Letelier

Senador

PARLAMENTARIOS MANIFIESTAN PREOCUPACIÓN POR CONSTRUCCIÓN DE BASE MILITAR NORTEAMERICANA EN CON CON

Dudas frente a Base Militar en Fuerte Aguayo
en Con Con

El polémico recinto fue inaugurado el pasado 5 de abril en el Fuerte Aguayo de la comuna de Concón, región de Valparaíso, a unos 130 kilómetros al noroeste de esta capital, en el contexto del ejercicio anual de los “cascos azules” de la ONU. La puesta en marcha de la base fue considerada como una nueva expresión del intervencionismo de Washington en la región.

El 5 de abril recién pasado, el embajador de EE.UU. en Chile, Alejandro Wolff, junto al comandante del Cuerpo de Infantería de Marina, contralmirante Marco Amigo, y al general Leonardo Martínez, director de operaciones internacionales del Estado Mayor Conjunto, inauguraron el centro de entrenamiento para personal de operaciones de paz en zonas urbanas, construido recientemente en el Fuerte Aguayo de Concón, lo que ha provocado una fuerte polémica al que se considera una base militar estadounidense en esta comuna de la Región de Valparaíso.

Al respecto, el senador Juan Pablo Letelier, manifestó que "Las imágenes que han circulado son de fuerzas especiales conduciendo a detenidos con capuchas", apuntó.    Además, dijo que se había reconocido "extraoficialmente" que fuerzas de seguridad chilenas y extranjeras estaban recibiendo entrenamiento en dicha base militar para realizar operaciones de mantenimiento de la paz, según informa el diario 'El Mercurio'.

Por su parte los diputados Hugo Gutiérrez (PC), Sergio Aguiló (MAIZ) y Rodrigo González (PPD) llegaron hasta el Fuerte Aguayo para conocer de cerca los entrenamientos militares que allí se desarrollan. Esto, a partir de las graves denuncias que circulan por internet en torno a presencia de efectivos de la PDI y carabineros en los ejercicios, así como la preparación a cargo de militares norteamericanos en operaciones contra civiles. 

El Almirante a cargo, Marco Amigo, calificó el tipo de entrenamiento que ahí se realiza como “de paz” y que sólo han tenido la participación de dos funcionarios de la PDI y dos de carabineros, todos coordinados por el Centro de Entrenamiento  Conjunto para Operaciones de Paz. 

De acuerdo al almirante, el campo de entrenamiento “está orientado al cumplimiento de las misiones de paz de acuerdo a los requerimientos que el país recibe desde las Naciones Unidas”.

Sobre el dinero aportado por la fuerza militar estadounidense en el recinto, el almirante sostuvo que “es una contribución que se hace en este tipo de entrenamiento que se realiza en varias naciones de la región y forma parte de un acuerdo entre el Estado Mayor Conjunto de Defensa de nuestro país y por eso la institución accedió a hacer esta actividad en este fuerte” y en relación a la participación de carabineros e investigaciones indicó que en los entrenamientos “hay permanentemente instructores de todas las ramas de la defensa, incluyéndolos a ellos, pero no son alumnos”.

El diputado Hugo Gutiérrez, luego de apreciar in situ parte de los entrenamientos con efectivos que ingresaban a casas, indicó que “son preocupantes y debe suspenderse, porque el día de mañana se puede transformar en una escuela de las Américas donde se entrene a personal de las fuerzas armadas y de las policías para disuadir al movimiento social y para reprimir las manifestaciones por una justa reivindicación y esto puede ser claramente tergiversado”, afirmó.

“Esto va a la postre a transformar al ciudadano en un enemigo y esto no es lo que queremos ni para Chile ni para ningún país latinoamericano. También es inaceptable que nuestras fuerzas armadas reciban entrenamiento norteamericano para que vayan a atacar a población civil de otros países, bajo cualquier contexto esto no puede ser permitido y por lo tanto, el Presidente de la República tiene que suspender estos cursos”, sostuvo el diputado.

Según el diputado Sergio Aguiló, el actual escenario de protestas en distintos lugares del país y la forma con que la policía enfrenta las manifestaciones ciudadanas da para sospechar “en un lugar de entrenamiento de las FFAA, en convenio con los norteamericanos, empiece a ocurrir este entrenamiento que simulan barrios de una población cualquiera, que podría estar en Chile o cualquier lugar de América Latina, permítanos tener una extrema preocupación de que este entrenamiento pueda tener como objeto enfrentar desde una manera radicalmente distinta a como ha ocurrido hasta ahora y mucha más violenta a las protestas ciudadanas. Si es una coincidencia,  es de las peores coincidencias”.

Para Aguiló, la palabras del almirante a cargo, quien asegura que este entrenamiento jamás en Chile se ocupará no son garantía “esa es la palabra de él, quién garantiza que nunca se ocupará en Chile si habían 2 oficiales de carabineros y 2 oficiales de la PDI, quién garantiza que en otras ciudades de América Latina este entrenamiento no sirva para acompañar a los norteamericanos, que mala compañía sería la que nosotros podríamos brindar a los norteamericanos invadiendo alguna ciudad de algún país latinoamericano o del mundo. Este entrenamiento genera suspicacia, sospecha y preocupación. Genera ganas de decir, aclaremos esto de manera categórica, y en vez de aclarar y complicarse en explicaciones mejor terminar con este entrenamiento”.

El diputado por el PPD, Rodrigo González aseguró estar preocupado porque este entrenamiento pudiera extenderse a otros efectivos que no sean de las fuerzas armadas. De igual manera, González manifestó su inquietud por la existencia de una “infraestructura que ha sido edificada con fondos norteamericanos, en un fuerte y en una zona militar chilena”.

“Estas preocupaciones se las vamos a expresar al ministro de Defensa, al Comandante en Jefe del Ejército y al encargado del Centro Conjunto para Operaciones de Paz de Chile (CECOPAC), porque no es posible que nuestras fuerzas armadas estén siendo entrenadas para operar en zonas urbanas y especialmente en zonas civiles”, declaró el parlamentario. 

Esta es la política intervencionista del gobierno estadounidense, que viene a hacer la política de la Escuela de Las Américas, que es la metodología que ha mantenido en Latinoamérica al instalar bases militares, denunció Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos. “Sabemos que donde Estados Unidos interviene con esta práctica militarista, invasora, hay que preocuparse”, enfatizó.  (Europa Press / El Martutino)

SENADOR LETELIER CALIFICA DE ESCUÁLIDO PRESUPUESTO DE FUTURA SUBSECRETARÍA DE DDHH

Alicia Lira, Presidenta de la Agrupación
de Familiares de Ejecutados políticos fue
escuchada por la Comisión de DDHH

Mientras el presidente de la Comisión de DD.HH., senador Juan Pablo Letelier, calificó como “escuálido” el presupuesto de la subsecretaría del área, que alcanzaría los $760 millones, propuesto en el proyecto del Ejecutivo; su par, Lily Pérez San Martín, valoró la creación de la nueva institucionalidad.

La Comisión de Derechos Humanos inició el estudio de la idea de legislar del proyecto del Ejecutivo, que instaura una nueva subsecretaría del ramo, dependiente del Ministerio de Justicia y que establece una serie de funciones y atribuciones de dicho organismo público, entre ellos, la coordinación de políticas intergubernamentales.

Así lo informaron el presidente y la integrante de la instancia, senadores Juan Pablo Letelier y Lily Pérez San Martín, respectivamente, quienes señalaron que a la sesión asistieron el ministro de Justicia, Teodoro Ribera, junto a representantes de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, liderados por Alicia Lira.

El senador Juan Pablo Letelier comentó que el texto legal plantea que "la subsecretaría establecerá un espacio de coordinación para asegurar que haya consistencia en lo que hacen todos los ministerios, en lo que debe ser una política permanente del Estado sobre la defensa y promoción de los Derechos Humanos".

Añadió que esta nueva entidad pública "se encargará de coordinar al interior del país, los compromisos internacionales que  Chile adquirió al momento de firmar un tratado o aprobar una convención. Por ende, la entidad haría un seguimiento de que esto se cumpla".

Precisó que con el objeto "de instaurar ciertas adecuaciones institucionales,  el proyecto plantea la creación de un Comité Interministerial".

El parlamentario subrayó que "lo que queremos entender es si este texto legal es sólo para facilitar el trabajo interno o si objetivamente, es un esfuerzo por fortalecer y dar músculo a la responsabilidad del Estado en lo que es garantizar los DD.HH. en nuestro país".

En ese sentido precisó que "se necesita establecer efectivas facultades para asegurar que los órganos del Estado cumplan su responsabilidad de mejor forma y que cuando existen denuncias de violación de derechos básicos de nuestros ciudadanos, por parte de agentes de dicho Estado, hayan mecanismos no sólo para corregir, sino para compensar o rectificar el daño causado".

Enfatizó que "se deberá indicar la frontera de la subsecretaría del ramo con con el Instituto de DD.HH., que representa a la sociedad civil y que debería ser cada vez más autónomo".

El legislador sostuvo que el presupuesto asignado a esta nueva institucionalidad es "bastante acotado, considerando que se trata de una función tan relevante como ésta. Por eso, se deberá definir cuál es la intención final de la subsecretaría, si generará un mecanismo para que el Estado asuma una nueva responsabilidad en la segunda década del siglo XXI o es simplemente una mera instancia de coordinación".

 Agregó que "tampoco no existe un compromiso del Estado respecto a establecer políticas de promoción de los DD.HH. ni impulsar la educación de estos principios  en nuestra sociedad. No está claro que se garantice la memoria por lo que ha pasado sobre estas materias, por lo cual, tenemos la situación que no existan presupuestos permanentes para estas funciones; estos puntos, dilucidaremos en las próximas dos o tres sesiones, para luego votar  este proyecto en general".

El titular de la instancia, anticipó que invitarán en las próximas sesiones a los "representantes del mundo de los DD.HH. y de la academia. Finalmente, nos reuniremos con la directora del Instituto de DD.HH, Lorena Fríes".

VITAL AVANCE

En tanto, la senadora Lily Pérez San Martín calificó como "de gran importancia para la ciudadanía", la creación de la subsecretaría de Derechos Humanos e indicó que "se trata de un vital avance por parte del gobierno del Presidente Sebastián Piñera en esta materia".

La parlamentaria sostuvo que "éste es un proyecto muy importante, la subsecretaría propondrá las políticas públicas que promuevan y protegerán los derechos de las personas. Además, permitirá la creación de un Comité Interministerial del área, el cual elaborará un plan nacional de Derechos

Humanos".

Precisó que  los DD.HH. "deben ser entendidos en el contexto de una agenda moderna, que dice relación con cautelar la vulneración de los derechos de las personas".

A su vez, explicó que dentro de este contexto se incluye la Ley Antidiscriminación "que también es un proyecto que cuenta con todo el apoyo del actual gobierno. Lo que busca  es que ninguna persona pueda ser discriminada en forma arbitraria en razón de su origen étnico, social, religioso, político, entre otras.

Argumentó que "por esto, que es muy relevante la creación de esta subsecretaría, pues el Ministerio de Justicia tendrá bajo su paraguas la responsabilidad, Asimismo, optimizará la gestión del Estado, al concentrar la función de proponer y coordinar las políticas públicas en el ámbito de los DD.HH, que hoy se ejerce por órganos diversos".

La legisladora dijo que "esta nueva instancia técnica colaborará además, con las funciones hoy desarrolladas por otras entidades como el Instituto Nacional de Derechos Humanos. La creación de esta Subsecretaría permitirá modernizar el actual Ministerio de Justicia, cuya Ley Orgánica data de 1980".