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| Consumidores sobre endeudados deben tener un mecanismo de defensa legal |
Recientemente el Gobierno anunció, la presentación de un Proyecto que está incluido en la Ley Larga de Quiebras, que permitiría a ciudadanos que tengan dos deudas vencidas iniciar un proceso de acuerdo.
Según la propuesta gubernamental, las
personas naturales abrumadas por sus deudas y sin la posibilidad de pagar a
tiempo sus compromisos verían un alivio en el nuevo texto legislativo, ya que
en la nueva ley de reorganización y liquidación de empresas se incluye en forma
separada la quiebra de las personas. El
mecanismo propuesto, funcionaría a través de la superintendencia de quiebras para
que los deudores lleguen a un acuerdo de repactación con los acreedores.
Si bien esta propuesta del Gobierno responde a una necesidad
y a un clamor urgente de los consumidores, tendiente a dar solución a los
problemas graves de sobreendeudamiento familiar que se vive en el país, una
reforma a la Ley de Quiebras, nos parece insuficiente, ya que no aborda el
problema en su integridad.
Proyectos de esta naturaleza no son nuevos, de hecho en el Congreso
Nacional existen varios proyectos que
nunca han sido tratados, porque en su momento no hubo voluntad política y por
tanto carecieron de las urgencias
necesarias o por que no existía la sensibilidad que hoy experimentamos respecto
a estos temas de orden financiero que afecta a los consumidores.
Más aún, es necesario
destacar que el día 7 de diciembre de 2011, en la Sede del Senado en Santiago,
la Oficina para América Latina y el Caribe de Consumers International presentó
la “Ley Modelo de Insolvencia Familiar”.
Según
se explicó en esa oportunidad, el objetivo de ese instrumento, es servir de
prototipo para que en cada país se diseñe un marco normativo según sus propias
necesidades y puedan establecer un procedimiento administrativo y judicial que
permita a las personas usuarias de productos y servicios financieros, que se
encuentren en situación de insolvencia, celebrar un acuerdo de pago con sus
acreedores y cumplir así con sus obligaciones individuales o familiares pendientes. Además, busca promover la recuperación de la
economía familiar o personal, normalizando la situación financiera de las
personas endeudadas, y evitar cualquier situación de exclusión social o
laboral.
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| El sistema financiero principal acreedor de los consumidores |
En
la presentación, Juan Trímboli, Director para América Latina y el Caribe de
Consumers International, expresó que: “En
Chile, más del 60%
de los hogares tiene algún tipo de deuda, y
el resto de los países latinoamericanos y caribeños muestra un panorama
similar, como lo han comprobado diversos estudios a nivel de la región, y
nuestros propios análisis. La trasnversalidad
y la magnitud del problema han hecho que el
endeudamiento no sea sólo un problema de las personas o de las empresas,
sino un problema de país y, en última instancia, de toda la región de América
Latina y el Caribe”.
Por tal razón, consideramos que una Ley
sobre Insolvencia Familiar, es urgente para Chile, tal como existe en países de
Europa y Estados Unidos, que han creado sistemas mediante
los cuales las familias pueden solucionar el agobio de sus problemas de
deudas a través de la intervención de jueces especializados y de tribunales de
mediación, equivalente a un interventor o síndico de quiebras para una empresa,
quien se hace cargo de proponer una solución a la familia, moderar cobros, ordenar
planes de pago, limitar nuevos endeudamientos, evitando así, que la familia se
vea expuesta al arbitrio de los acreedores, y con el peligro de perder sus
bienes y quedar fuera del sistema financiero, como un paria social.
La existencia de una legislación de
insolvencia de hogares, es decir, un sistema que intervenga la economía
doméstica, amortigüe intereses usureros, establezca modelos de pago y proteja
bienes fundamentales de la familia, como la casa, es un imperativo ético, además de una
herramienta de resolución de las consecuencias que las cobranzas provocan en la
población, afectando la convivencia de las personas.
Una Ley de
Insolvencia Familiar tiende a equilibrar una situación que de por sí es asimétrica, la relación entre el consumidor y el acreedor, por eso es necesario entregar herramientas para que la parte más
débil de la relación de consumo pueda hacer frente a los problemas que puedan
suscitarse con los proveedores de bienes y servicios.
Actualmente, un
consumidor que se enfrenta a la imposibilidad
de solventar una deuda, no tiene el mecanismo como el que poseen los acreedores respecto a la
declaración de quiebra. Por ello, la solución que nos parece más adecuada es la
de proponer una ley que regule el procedimiento para que el consumidor, supere
esa situación en que se encuentra, con las garantías necesarias tanto para él
como para sus acreedores.
En este sentido, una
Ley sobre Insolvencia Familiar busca establecer un procedimiento administrativo
y judicial que permita a los consumidores de productos y servicios financieros
que se encuentren en situación de insolvencia verificar un acuerdo de pago con
sus acreedores y cumplir así con sus obligaciones pecuniarias pendientes de
naturaleza no comercial. Asimismo, pretende promover la recuperación de la
economía familiar o personal, normalizar su situación financiera, y evitar
cualquier situación de exclusión social o laboral procurando el desarrollo de
una cultura de acceso al crédito responsable, a través de la información y la
educación financiera.
La
implementación de un sistema integral de protección del endeudado y su familia,
corresponde a una urgencia que no debemos soslayar.
Haciéndonos
eco de esta urgencia es que nos hemos comprometido a presentar un Proyecto –
basado en los aportes de propuestas anteriores
y en los contenidos de la Ley Modelo de Consumers International – procurando
que aborde integralmente el problema del endeudamiento individual y familiar en
Chile, definiendo los mecanismos para facilitar una solución justa a esta
situación, que dadas las actuales circunstancias esperamos obtenga el apoyo
necesario para prosperar.
Esta
iniciativa, que va más allá de una simple reforma de la Ley de Quiebras, debe
ir acompañada entre otros elementos como
el perfeccionamiento de la Ley del Consumidor, el fortalecimiento del rol de las asociaciones de consumidores y con
la entrega de mayores atribuciones al
SERNAC, lo cual constituye un conjunto de avances significativos que implican consolidar
un sistema de protección y defensa de los derechos de los consumidores.
Juan Pablo Letelier
Senador
Santiago, Marzo de 2012
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