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| Miles de minas antipersonales aún existen en nuestro territorio |
Senadores de distintas bancadas, junto al director del Centro
Zona Minada y víctimas de minas antipersonales, adhirieron a la campaña
internacional “arremángate”, la cual busca sensibilizar sobre la importancia
del desminado en nuestro país.
(Diario Electrónico Radio
Universidad de Chile) Los senadores Guido Girardi, Baldo Prokurica, Fulvio
Rossi, Francisco Chahuán y Juan Pablo Letelier se tomaron fotos en el Congreso
con sus pantalones y camisas arremangadas, como señal de solidaridad con las
personas que han sido víctimas de minas antipersonales.
Esto en medio de
la campaña internacional “Arremángate”, la que es impulsada por la Campaña
Internacional para la Prohibición de las Minas Antipersonales, junto a Naciones
Unidas, y que es apoyada en Chile por diversas ONG’s, entre ellas el Centro
Zona Minada y asociaciones de víctimas.
Elir Rojas,
director del Centro Zona Minada, valoró el apoyo recibido por los
parlamentarios y sostuvo que es oportuno, debido a la ratificación de diversos
convenios internacionales.
“El Congreso
Nacional ratificó por unanimidad las Convenciones de Otawa que prohíbe minas
antipersonales, de Oslo que prohíbe munición en racimo y también ratificó por
unanimidad el Protocolo Quinto sobre resto de explosivos de guerra, es decir,
es absolutamente pertinente a la función legislativa participar de una campaña
en la cual ellos ya aportaron ratificando estos instrumentos internacionales”,
explicó Rojas.
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| Campos minados, peligro mortal para la población civil |
El dirigente
agregó que esta campaña culminará el próximo 4 de abril, Día Mundial de
Sensibilización contra Minas, con un gran llamado a toda la ciudadanía para que
“nos arremánguenos los pantalones solidarizando con los sobrevivientes”,
sostuvo.
Rojas aprovechó
la oportunidad para referirse al Proyecto de Ley que enviará durante este
semestre el ministerio de Defensa, el cual busca dar atención y reparación a
víctimas de minas antipersonales en nuestro país.
Proyecto que fue
criticado pues no incluye la participación de la sociedad civil, según aseveró
Rojas “aquí falta la inclusión y la participación de la sociedad civil en el
proceso de la construcción de este ante proyecto de ley. Lamentablemente la
comisión nacional de desminado tiene una conducción 100 por ciento militar y se
refleja en estos problemas que la sociedad civil involucrada no conoce el
detalle de ese proyecto de ley. Esa estrategia de conducción militar del
desminado humanitario en Chile debe cambiar. El desminado no es una acción
militar, sino una acción humanitaria que tiene como objetivo reducir el riesgo
para la población civil, mitigar los daños en el impacto negativo en el
desarrollo, en los ecosistemas y sobre todo asistir a las víctimas”.
Criticas que
apuntan a un punto calificado por Rojas como fundamental, y que tiene relación
con el Convenio de Oslo ratificado por Chile.
“La Convención
de Otawa habla incluso de reinserción social y laboral de las víctimas. Aquí,
por ejemplo, no se está produciendo una reinserción, algo tan básico y
elemental como sentarse en una mesa a analizar algo que va a beneficiar a los
más afectados”, enfatizó el dirigente.
Algo que, según
el director del Centro Zona Minada, es primordial, “pensando en las 140
personas que han sido víctimas de minas antipersonales y material de guerra
desde 1971”, sentenció.
Por otra parte, los ministros Felipe
Larraín y Andrés Allamand detallaron que la iniciativa busca cumplir con la
cuarta exigencia de las convenciones internacionales, respecto a restricciones
de ciertas armas convencionales, relacionada a la reparación a víctimas de
minas antipersonales.
La idea es
cumplir con la Convención de Ottawa de 1997 sobre estos explosivos, que además
de la reparación y protección de las víctimas, exige el cese en la utilización
de estos artefactos, la destrucción de sus municiones y la limpieza de campos
minados.
El proyecto
contempla una bonificación única cercana al millón y medio de pesos,
dependiendo del porcentaje de discapacidad de la víctima; una pensión vitalicia
para víctimas y herederos de éstas en caso de fallecimientos; y servicios como
atención médica y sicológica vitalicia, beneficios educacionales y la
incorporación a planes de inclusión social y laboral.
El ministro
Larraín explicó que la elaboración de esta propuesta se basa en la línea del
Gobierno con que ha trabajado en casos de Derechos Humanos, explicando que esto
no se referirá sólo a víctimas de minas antipersonales, sino que también de
otros artefactos bélicos no detonados.
Ante ello, el
director de la Organización No Gubernamental Centro Zona Minada, Elir Rojas,
valoró la iniciativa pero aseguró que es necesario determinar criterios propios
para estos casos, más que tomar los aspectos que rigen las compensaciones para
víctimas de la violencia política.
Rojas afirmó que
espera que el perfeccionamiento de la propuesta se haga en colaboración con las
organizaciones que agrupan a quienes sufrieron estos accidentes.
El dirigente se
manifestó en general conforme con el anuncio, sin embargo, disparó sus
críticas contra el representante militar sobre esta materia “Nos alegramos de
que por fin se haya presentado ese proyecto de ley. Creo que hay que mejorar
algunas cosas con la participación de los realmente afectados que son los
sobrevivientes. Aquí el grupo de víctimas de mini municiones no ha sido
incorporado, ha existido una exclusión permanente en los últimos dos años en la
Comisión Nacional de Desminado para trabajar con la sociedad civil. El actual
secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Desminado, el coronel Juan
Mendoza durante dos años ha desconocido al consejo consultivo que se creó en
2005″.
Esta iniciativa,
se da en el contexto del desplazamiento de minas antipersonales en la frontera
de Chile con Perú, situación que ha generado tensión diplomática entre ambos
países, dados los trabajos que se deben hacer para la limpieza y por la
naturaleza de estos artefactos.
Recientemente,
la Cancillería del Perú envió una nota de protesta al ministerio de Relaciones
Exteriores chileno acusando la presencia de efectivos militares chilenos en un
área de territorio peruano, realizando labores de señalización del curso de
deslizamiento de las minas, que alcanzaron territorio peruano.
Ante esto,
Allamand señaló que la labor del Ejército en el retiro de los explosivos se
mantienen en las exigencias de las convenciones internacionales, y que otras
materias, son de estricto interés de Cancillería, desde donde ya se ha rectificado
el tema.
“Estamos
actuando, tomando y cumpliendo con todas las obligaciones que nos impone la
Convención de Ottawa, es decir, efectuamos las tareas propias de cercamiento,
señalización y vamos a realizar las tareas siempre teniendo en cuenta la mayor
seguridad de las personas. Vuelvo a insistir, la nota de la Cancillería fue
suficientemente clara en términos de que todos los trabajos se han realizado en
espacios marítimos y en territorio bajo soberanía, jurisdicción y control de
Chile”, indicó el secretario de Estado.
El proceso de
limpieza se está realizando, según el coronel Juan Mendoza, director de la
Comisión Nacional de Desminado, de manera participativa, en mesas de trabajo;
pese a que desde ONGs como Centro Zona Minada, se cuestione y se critique al
uniformado porque a su juicio, esto no ha sido tal.
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