SENADOR LETELIER LAMENTA MODIFICACIÓN DE PROYECTO SOBRE “COHECHO” EN PROYECTOS AMBIENTALES.

Impedir trafico de influencias
en proyectos ambientales

El vicepresidente del Senado Juan Pablo Letelier lamentó que la iniciativa que presentó junto a un grupo de parlamentarios para prohibir y sancionar la publicidad o tráfico de influencias (“cohecho”) por parte de de las empresas para aprobar determinados proyectos ambientales haya sido modificada en la comisión de Medio Ambiente de la Cámara Alta, lo que a su juicio distorsiona totalmente el sentido de la iniciativa.

El proyecto que fue presentada en marzo de 2011 por los senadores Juan Pablo Letelier, Isabel Allende, Guido Girardi y José Antonio Gómez y tiene como finalidad impedir que los interesados, que buscan la ratificación de una iniciativa ambiental, realicen promesas, ofrecimientos, presentes o actividades en beneficio económico de terceros, con el objeto de influenciar la decisión de la autoridad competente

El senador Letelier, criticó la iniciativa legal aprobada en la comisión de Medio Ambiente porque a su juicio no regularía la publicidad de quienes proponen un proyecto que será sometido a evaluación ambiental y recordó los spots publicitarios a favor de Hidroaysén que fueron difundidos en el Festival de Viña del Mar.

“Hace un año, en el Festival de Viña, cuando uno observaba el evento por televisión, veía que uno de los patrocinantes de esta tradición en nuestro país, era nada más ni nada menos que HidroAysén. Y uno se preguntaba qué tiene que ver una empresa que está proponiendo hacer una obra de generación eléctrica haciendo publicidad en la televisión, probablemente en uno de los espacios publicitarios más caros que existen en la historia anual de los canales de televisión, de estar buscando adeptos para su proyecto cuando quienes tienen que resolver el proyecto de acuerdo a la ley no es la opinión pública, sino que son en base a informes técnicos, la institucionalidad medioambiental del país”, aseveró.

Proyectos ambientales deben ser transparentes
 y evitar cohecho legal

Sostuvo que “algunos han querido empatar la opinión de un proponente con quienes pueden oponerse a una iniciativa. Y evidentemente ¡No son lo mismo! La sociedad organizada puede manifestarse frente a su institucionalidad, frente al Estado, frente a diferentes asuntos. Ahí sin duda se está ejerciendo la libertad de expresión. Pero un proponente cuando hace un proyecto, si cumple los requisitos legales, se le tiene que dar el permiso: Un proponente no es un ciudadano más; un proponente es alguien con un interés económico que pide autorización a la sociedad, al Estado, para poder realizar una actividad si es que cumple la ley, si es que cumple los requisitos que la Ley de Bases del Medio Ambiente establece y, en particular, el sistema de evaluación de impacto ambiental”.

Insistió que por ello se propuso originalmente una iniciativa donde se prohibiera la publicidad de parte de los proponentes, pero la Comisión de Medio Ambiente rechazó la indicación que prohíbe la publicidad a un informe, aduciendo que ello podría afectar la libertad, pero a mi juicio lo que hace es dejar en un pie de desigualdad.

Destacó que un proponente o empresa “si cumple la ley, puede iniciar y desarrollar la actividad económica que quiera en nuestro país. Pero no tiene ninguna razón de estar haciendo una campaña de opinión pública. Es el proponente frente al Estado, no son los ciudadanos los que deciden y esa es la gran diferencia. Por eso se establece y se proponía establecer una prohibición de publicidad de los proponentes de proyectos económicos”.

En segundo término, dijo que el proyecto original lo que “establecía es que no hubiese cohecho legal de parte de los proponentes para con las comunidades. Las medidas compensatorias tienen que ver con un fundamento técnico, tienen que ver con si un proyecto técnico -como toda acción humana- tiene un impacto ambiental. En ese caso, se compensa ese impacto a través de ciertas medidas de mitigación o de compensación.

“Lo que la moción propone es que no haya cohecho legal en nuestro país por parte de las grandes empresas que impulsan proyectos económicos. ¿Qué tiene que ver una empresa generadora eléctrica construyendo sedes sociales, multicanchas? ¿Qué tiene que ver eso con el giro de su negocio? Nada. Esto no tiene que ver con una propuesta de política, de responsabilidad social de las empresas, que en ese contexto uno lo podría considerar. Pero esa es una política permanente de las empresas, pero que no tiene que ver con los estudios de impacto ambiental”, enfatizó.

Letelier destacó una experiencia en la Sexta Región “donde hay una empresa eléctrica, donde han generado un proyecto eléctrico, una central de paso. Pero, por iniciativa de la empresa, posterior a haberse aprobado el sistema de impacto ambiental de su proyecto ha generado un fondo concursable para la comunidad, pero nunca lo ofrecieron, nunca lo prometieron durante el proceso de evaluación”.

Finalmente y a raíz de las inquietudes surgidas transversalmente entre los senadores, sobre los alcances del proyecto que limita los beneficios de iniciativas sometidas al Sistema de Evaluación, la Sala del Senado acordó por unanimidad que la Comisión de Medio Ambiente redacte un nuevo informe antes del 03 de abril. (Prensa PS)